El malestar del campo habla por la boca de Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Nosotros ya venimos padeciendo los principios que plantea el proyecto oficial para reformar la Ley de Abastecimiento y sabemos que va a fracasar”, ironizó en los minutos previos al inicio del foro de convergencia empresarial. Esos principios son, según su criterio, la intervención estatal en los mercados; los ‘aprietes’ y presiones para obligar a los productores a vender contra su voluntad; las prohibiciones para importar y exportar; los cupos y la discrecionalidad del funcionario público. “Estas herramientas no pueden funcionar, pero el Gobierno vive en otra realidad: no conoce la situación del campo en Argentina. Si el Congreso de la Nación sanciona la norma, iremos a la Justicia a reclamar su inconstitucional”, prometió el dirigente.
Esta nueva batalla entre la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresariado empeora las previsiones para una economía que no va bien, según Etchevehere. “Hemos entrado en recesión porque hubo una negación de la inflación y porque el Gobierno la fomentó al emitir moneda sin respaldo. La inflación está reducida a cuatro o cinco países en el mundo: no es una enfermedad sin cura, las recetas están a disposición de los que quieran aplicarlas”, explicó.
Y exigió soluciones que vayan más allá de la coyuntura. “Percibimos que los empresarios han salido a manifestar su oposición a las políticas del Gobierno y vemos esa actitud con alegría porque ya está claro que gobierne quien gobierne debe haber un marco institucional que contenga a todos los sectores. El desacierto de esta gestión supone la pérdida de 11 años de producción que no van a volver”, afirmó Etchevehere.
También hubo críticas para el manejo del conflicto con los bonistas que no ingresaron al canje de la deuda. “El Gobierno se sometió voluntariamente a una jurisdicción extranjera para tratar de colocar los bonos porque en su momento ello le convenía. Si luego hubo un juicio y la Justicia estadounidense dictó un fallo contrario a la Argentina, el país debe cumplirlo sin buscar falsas salidas que empeoren la situación, como intentar cambiar la jurisdicción de pago o enemistarse con el juez Thomas Griesa”, dijo. Y aseguró que si no hay arreglo con los holdouts, el sector agropecuario sufrirá las consecuencias del cierre del crédito porque el 91% de los productores necesita financiamiento.